Santa Fe adhirió a la Ley Antimafias
19-03-2026 El Senado provincial le dio sanción definitiva al proyecto. Cómo impacta en la lucha contra el crimen organizado.
La provincia de Santa Fe adhirió formalmente a la Ley Antimafias luego que el Senado sancionó de manera definitiva la normativa que busca darle al Estado más herramientas para combatir a las organizaciones criminales. El proyecto impulsado por la diputada Ximena Sola, que ya tenía media sanción de Diputados, fue aprobado por unanimidad en la Cámara Alta. También contaba con el contundente apoyo del gobernador Maximiliano Pullaro.
Uno de los ejes centrales de la normativa radical en la posibilidad de declarar “zonas sujetas a investigación especial ”. Esto significa que, a partir de la intervención judicial, se habilitan mecanismos excepcionales para abordar la problemática entre distintos niveles del Estado.
Además, la ley permite:
-Detenciones por averiguación con plazos extendidos en casos excepcionales;
-Interceptación de comunicaciones, con orden judicial y mecanismos de control;
-Allanamientos en áreas determinadas o vinculadas a la investigación, con validación posterior en casos de urgencia;
-Inmovilización de activos de personas o empresas sospechadas de vínculos con organizaciones criminales;
-Decomiso anticipado de bienes, incluso sin condena firme.
Otro aspecto importante es la incorporación de nuevas figuras al Código Penal. La ley tipifica conductas vinculadas a la integración, cooperación o sostenimiento de estas estructuras, con penas que pueden ir de 8 a 20 años de prisión. Además, establece que, en determinados casos, los miembros de una organización pueden ser castigados con la pena correspondiente al delito más grave cometido por el grupo, lo que implica un endurecimiento del régimen penal.
Un dato relevante es que para los delitos comprendidos en esta ley no se permitirá la aplicación del juicio abreviado. Esto se funda en el hecho de que se busca desplazar el foco desde el delito individual hacia la estructura criminal en su conjunto.
Por último, la normativa prevé la conformación de comisiones investigadoras conjuntas, integradas por fiscalías federales y provinciales, y la colaboración entre ministerios de seguridad.