Para ATILRA, la asamblea de SanCor no tiene validez

Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA) aseguran que la quiebra decretada por el Juzgado Civil y Comercial de Rafaela implica el cierre formal y la disolución definitiva de SanCor como cooperativa. En consecuencia, sostienen desde el gremio que, por efecto de la sentencia, quedan automáticamente disueltos todos sus órganos de dirección y administración.

«Estos ya no pueden deliberar ni tomar decisiones sobre una entidad que jurídicamente ha dejado de existir», expresó ATILRA en un comunicado. Por lo tanto, para la entidad que conduce Héctor Ponce, «ninguna asamblea válida puede llevarse a cabo el 30 de abril. La propia resolución judicial es contundente: la convocatoria solo tendría valor institucional para la cohesión de los socios, pero no altera ni condiciona la quiebra, que es una decisión de orden público».

En ese contexto, ATILRA resaltó dos datos de la reciente sentencia judicial. El primero, que existen más de 400 pedidos de quiebra presentados por terceros, por deudas generadas después de la apertura del concurso preventivo, y en ninguno de ellos SanCor C.U.L. ofreció el pago de los montos reclamados.

En segundo lugar, que la propia cooperativa reconoció expresamente ante la Justicia que no está en condiciones de afrontar el pasivo concursal verificado, ni el plan de reactivación propuesto, ni formular ninguna oferta a sus acreedores.

Por tal motivo, insiste el comunicado de ATILRA, «queda así acreditada y reconocida la insolvencia patrimonial generalizada y sostenida en el tiempo. Cualquier decisión que pudiera tomar una asamblea de ex socios de una cooperativa ya disuelta carece de toda relevancia jurídica».

A continuación, el gremio de los trabajadores lácteos también dejó en claro que se pone a la confirmación de una sociedad anónima. «Retroceder ahora violaría el principio de legalidad y los derechos de los acreedores laborales, quienes rechazan categóricamente la idea y se niegan a convertirse en accionistas de una sociedad anónima. Además, ATILRA, OSPIL y AMPIL son asociaciones civiles sin fines de lucro y están legalmente imposibilitadas de asumir ese rol», manifiesta el documento. Asimismo agrega: «Además de los más de nueve meses de sueldos, aportes y contribuciones adeudados (que en ese escenario ya no se cobrarían), se necesitan millones de dólares para poner en condiciones las plantas. Los trabajadores tendrían que salir a buscar financiamiento, seguir sin cobrar y asumir un riesgo empresario que no les corresponde».

Por si hacía falta aclararlo, en el escrito ATILRA deja sentada su postura sobre el futuro de SanCor: «La solución correcta ya está plasmada en la propia resolución de quiebra: la enajenación de la empresa en marcha. Esta alternativa está generando interés concreto de varios grupos que preparan sus propuestas para presentarlas al Juzgado en la etapa procesal correspondiente».

Al final del comunicado, el Consejo Directivo Nacional de ATILRA convoca a los trabajadores de SanCor de todo el país a una reunión de carácter informativa para el próximo jueves 30 de abril a las 9.30 horas, en Sunchales. Casualmente, el mismo día en el que se realizará la Asamblea de socios de la empresa que está cuestionada por el gremio.