Camaristas calificaron de «temerario» al jefe de fiscales de Rosario
11-03-2026 Merlo los había cuestionado con una fuerte frase, por sus fallos sobre microtráfico: «Habrá más homicidios y tendrán que hacerse cargo».
Luego de las polémicas declaraciones de Matías Merlo, jefe de los fiscales de Rosario, los jueces de la Cámara de Apelaciones le respondieron con un duro comunicado. El cruce deja expuesta una creciente tensión entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y los camaristas.
Merlo los había cuestionado fuertemente por recientes fallos que iban en contra de la desfederalización del narcomenudeo y de la investigación del fuero provincial del microtráfico. “Si nos quitan esa herramienta esencial para investigar el narcomenudeo, va a impactar directamente en la seguridad pública con más homicidios, más balaceras y más heridos de arma de fuego”, afirmó el fiscal regional de Rosario, quien lanzó una advertencia: “deberán hacerse cargo de las consecuencias”.
Los dichos expresados en una entrevista al medio Cadena 3, generaron una inmediata respuesta de la Cámara Penal de Rosario, a través de un comunicado. En el documento califican como «agraviantes» las manifestaciones de Merlo y las señalan como una «coacción institucional».
El texto, firmado por 13 magistrados, consideran «temerario» que el jefe de fiscales rosarinos los vincule a la posibilidad del crecimiento de casos de homicidios. «Más aún cuando los mismos jueces hemos sido víctimas de semejantes hechos violentos; pero por llevar a cabo nuestra labor jurisdiccional en sonados casos contra el accionar de organizaciones narcocriminales», agregaron.
El comunicado completo
Los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a las recientes declaraciones del Fiscal Regional, Dr. Matías Merlo.
Consideramos que sus expresiones no solo resultan desajustadas y agraviantes, sino que constituyen un intento de coacción institucional que busca trasladar, hacia el ámbito jurisdiccional, responsabilidades propias del órgano acusador que él mismo representa.
Resulta temerario y carente de rigor jurídico pretender vincular resoluciones sobre competencia judicial con la responsabilidad funcional en la producción de futuros hechos de violencia o balaceras.
Dicha afirmación constituye una falacia de causalidad que intenta utilizar el legítimo temor de la sociedad ante la inseguridad como una herramienta de presión contra los jueces. Más aún cuando los mismos jueces hemos sido víctimas de semejantes hechos violentos; pero por llevar a cabo nuestra labor jurisdiccional en sonados casos contra el accionar de organizaciones narcocriminales.
Las declaraciones del Fiscal Regional evidencian un profundo desconocimiento —o una omisión deliberada— de las reglas de competencia establecidas en la Ley de Desfederalización de Microtráfico (Ley No. 26052) y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que por otro lado se ha expedido al respecto confiriendo razón a estos jueces provinciales.
Más grave aún resulta la intencionada tergiversación de los datos de la realidad pues, en esta Cámara, se recibieron entre los años 2024 a lo que va del 2026, un total de 358 casos de recursos relacionados con el fenómeno del Microtráfico y solo 7 de ellos se han remitido a la Justicia Federal para su prosecución por imperio de las normas de competencia y a pedido de parte. Estas declaraciones de incompetencia en causas que exceden el marco del narcomenudeo no son concesiones a la impunidad, sino el cumplimiento estricto del Principio de Legalidad y de la Garantía del Juez Natural (Art. 18 CN), más aún cuando son remitidas a otra sede para su continuidad y -en su caso- con personas con prisión preventiva.
Calificamos estas declaraciones como un exabrupto institucional impropio de un funcionario de su jerarquía, claramente lesivo de la independencia judicial.
La independencia de los jueces es la última garantía de los ciudadanos frente al poder. Ceder ante presiones que exigen apartarse de la ley bajo amenaza de «responsabilidad social» por hechos de violencia sería claudicar en nuestra función republicana y democráctica.
Firmado: Dres. Bibiana Alonso, Javier Beltramone, Silvia Castelli, Daniel Curick, Nicolas Foppiani, Carolina Hernández, Alfredo Ivaldi Artacho, Juan Lavini Rosset, Guillermo Llaudet, Ismael Manfrín, Miguel Moreno, Tomás Orso y Gustavo Salvador.