El familiar de un narco se presento ante la justicia para recuperar una quinta decomisada
8-08-2025 Se trata del hijo de Esteban Alvarado. La provincia expresó su fuerte rechazo a ese pedido.
El pasado jueves 7, el Gobierno de la Provincia fue notificado por el Juzgado de Circuito de la 2da nominación de Rosario, firmada por el juez Eduardo Arichuluaga, de una demanda iniciada por Santino Alvarado (hijo de Esteban Alvarado) contra la Provincia a través de una acción revindicatoria, solicitando la restitución de un inmueble de cuatro hectáreas ubicado en Piñero -en el paraje denominado “Los Muchachos”- decomisado y en posesión del Estado provincial, tras una sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que estableció que fue un instrumento del delito.
Por su parte Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad, junto al secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, anunciaron este viernes las acciones judiciales que el Gobierno Provincial impulsa para impedir que se restituyan bienes decomisados a un narcotraficante condenado.
“La política de decomiso es una parte fundamental de la política criminal del Gobierno Provincial”, resaltó el ministro.
Ante esta situación, Cococcioni remarcó que “la política de decomiso es una parte fundamental de la política criminal del Gobierno Provincial”, y que “de nada sirve gastar recursos capturando gente e investigar a partir del trabajo de fiscales, la Policía de Investigaciones, los organismos de inteligencia y el sistema penitenciario, si después van a seguir por sí mismos o por interpósita persona disfrutando de los bienes con los cuales muchas veces se cometieron delitos”.
El ministro afirmó que en el caso puntual de la “quinta en el Paraje Los Muchachos fue instrumento de un homicidio y por eso también fue legalmente decomisada”, y manifestó que “no deja de sorprendernos la osadía de querer reclamar utilizando los instrumentos jurídicos diseñados para que las personas puedan acceder a la defensa en juicio de sus derechos para obstaculizar las medidas del Estado que tienen como fin último el cese de la actividad delictiva y el desmantelamiento de las organizaciones criminales que tienen sus bienes manchados de sangre”.
Por su parte Escauriza concluyó: “Vamos a seguir la vía judicial ante esta causa porque cada vez que avanzamos con el patrimonio de las diferentes organizaciones criminales se nota la resistencia. Y es cuando les tocamos sus bienes, obtenidos en base a delitos. Eso nos demuestra que el camino que venimos llevando adelante es el correcto”.